ONU interpela: ¿Garantiza el Estado venezolano los DDHH?


La Organización de las Naciones Unidas (ONU) es una ente internacional que intenta cooperar en temas relacionados con el Derecho internacional, la paz, economía y seguridad. La fundación de la organización data de 1945, cuando se finalizó la Segunda Guerra Mundial.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos nace el 10 de diciembre de 1948, como parte de una Asamblea General de la ONU realizada en París, Francia. La realización de este documento estuvo a cargo de la Comisión de Derechos Humanos, creada por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.

El primer semestre de 2014 fue turbulento para Venezuela. Múltiples protestas se formaban en varias ciudades del país. Estos actos llevaron a más de tres mil detenciones. Organismos de la Sociedad Civil y miembros de Organizaciones No Gubernamentales se dieron la tarea de denunciar ante el mundo violaciones reiteradas de los Derechos Humanos de las personas detenidas, añadiendo los casos de personas que fallecieron durante esos días.

El Comité Contra la Tortura de la ONU interpeló al Estado venezolano para la evaluación de los informes correspondientes al periodo 2002-2012; además, se incluyeron los  presuntos casos de tortura a los detenidos durante las protestas en los primeros meses de 2014. El objetivo de esta interpelación era revisar si Venezuela cumplía con la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

El jefe de la delegación venezolana, José Vicente Rangel Ávalos, viceministro de Política Interior y Seguridad Ciudadana, afirmó que el Estado venezolano garantiza los derechos humanos de los ciudadanos con “un modelo policial y de seguridad humanista que respeta de manera irrestricta los derechos humanos”.

Organizaciones de la Sociedad Civil también presentaron sus informes: Carlos Correa, director de Espacio Público; Calixto Ávila, por Provea; y Ligia Bolívar, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), asistieron en representación de la coalición Foro por la Vida.

Los miembros del Comité contra la tortura que interpelaron a Venezuela fueron Jens Modvig, Sapana Pradhan-Malla, Kening Zhang, Alessio Bruni, Essadia Belmir, Abdoulaye Gaye y Felice Gaer.

Modvig preguntó sobre las denuncias de torturas y tratos crueles. Pidió, además, el número de personas que han denunciado violaciones de los derechos humanos y número de casos que están siendo investigados.

Pradhan-Malla destacó las agresiones sexuales sufridas por mujeres detenidas durante las protestas. Pidió conocer qué estaba haciendo el Estado venezolano para juzgar a los responsables de estos actos.

Por su parte, Zhang preguntó sobre la situación de las cárceles venezolanas. Pidió conocer la cantidad de personas procesadas y en espera de sentencia. Sobre este tema, el también interpelador italiano, Alessio Bruni, consideró trágica la situación de hacinamiento presente en las cárceles venezolanas y pidió cifras.

Abdoulaye Gaye se mostró impactado por el caso de la jueza María Lourdes Afiuni: “Es la primera vez que veo un caso semejante de un juez.  No es (el juez) solamente objeto de agresiones, de violación, sino que también es encarcelado por haber impuesto un acto jurisdiccional en el ejercicio de sus funciones”.

Venezuela respondió. El viernes 7 de noviembre el Estado venezolano respondió a las interrogantes propuestas por los miembros del Comité Contra la Tortura de la ONU.  De acuerdo al sitio web del periódico regional El Carabobeño, las respuestas fueron imprecisas. “El balance no fue aceptado del todo y se exigió mayor precisión”, añaden.

Resaltan las declaraciones de la directora de Derechos Fundamentales, María Mercedes Berté, sobre el caso Afiuni:

“El Ministerio Público no recibió denuncias sobre la presunta violación sexual narrada en un libro. Sugerimos al Comité despreocuparse por eso”.

Berté confirmó que 3251 personas fueron detenidas durante las protestas, de los cuales 58 siguen privados de libertad. Resaltó que se recibieron 242 denuncias sobre violaciones a los derechos humanos y 16 funcionarios están detenidos.

@YenilyAlmeida