ONU interpela: ¿Garantiza el Estado venezolano los DDHH?


La Organización de las Naciones Unidas (ONU) es una ente internacional que intenta cooperar en temas relacionados con el Derecho internacional, la paz, economía y seguridad. La fundación de la organización data de 1945, cuando se finalizó la Segunda Guerra Mundial.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos nace el 10 de diciembre de 1948, como parte de una Asamblea General de la ONU realizada en París, Francia. La realización de este documento estuvo a cargo de la Comisión de Derechos Humanos, creada por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.

El primer semestre de 2014 fue turbulento para Venezuela. Múltiples protestas se formaban en varias ciudades del país. Estos actos llevaron a más de tres mil detenciones. Organismos de la Sociedad Civil y miembros de Organizaciones No Gubernamentales se dieron la tarea de denunciar ante el mundo violaciones reiteradas de los Derechos Humanos de las personas detenidas, añadiendo los casos de personas que fallecieron durante esos días.

El Comité Contra la Tortura de la ONU interpeló al Estado venezolano para la evaluación de los informes correspondientes al periodo 2002-2012; además, se incluyeron los  presuntos casos de tortura a los detenidos durante las protestas en los primeros meses de 2014. El objetivo de esta interpelación era revisar si Venezuela cumplía con la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

El jefe de la delegación venezolana, José Vicente Rangel Ávalos, viceministro de Política Interior y Seguridad Ciudadana, afirmó que el Estado venezolano garantiza los derechos humanos de los ciudadanos con “un modelo policial y de seguridad humanista que respeta de manera irrestricta los derechos humanos”.

Organizaciones de la Sociedad Civil también presentaron sus informes: Carlos Correa, director de Espacio Público; Calixto Ávila, por Provea; y Ligia Bolívar, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), asistieron en representación de la coalición Foro por la Vida.

Los miembros del Comité contra la tortura que interpelaron a Venezuela fueron Jens Modvig, Sapana Pradhan-Malla, Kening Zhang, Alessio Bruni, Essadia Belmir, Abdoulaye Gaye y Felice Gaer.

Modvig preguntó sobre las denuncias de torturas y tratos crueles. Pidió, además, el número de personas que han denunciado violaciones de los derechos humanos y número de casos que están siendo investigados.

Pradhan-Malla destacó las agresiones sexuales sufridas por mujeres detenidas durante las protestas. Pidió conocer qué estaba haciendo el Estado venezolano para juzgar a los responsables de estos actos.

Por su parte, Zhang preguntó sobre la situación de las cárceles venezolanas. Pidió conocer la cantidad de personas procesadas y en espera de sentencia. Sobre este tema, el también interpelador italiano, Alessio Bruni, consideró trágica la situación de hacinamiento presente en las cárceles venezolanas y pidió cifras.

Abdoulaye Gaye se mostró impactado por el caso de la jueza María Lourdes Afiuni: “Es la primera vez que veo un caso semejante de un juez.  No es (el juez) solamente objeto de agresiones, de violación, sino que también es encarcelado por haber impuesto un acto jurisdiccional en el ejercicio de sus funciones”.

Venezuela respondió. El viernes 7 de noviembre el Estado venezolano respondió a las interrogantes propuestas por los miembros del Comité Contra la Tortura de la ONU.  De acuerdo al sitio web del periódico regional El Carabobeño, las respuestas fueron imprecisas. “El balance no fue aceptado del todo y se exigió mayor precisión”, añaden.

Resaltan las declaraciones de la directora de Derechos Fundamentales, María Mercedes Berté, sobre el caso Afiuni:

“El Ministerio Público no recibió denuncias sobre la presunta violación sexual narrada en un libro. Sugerimos al Comité despreocuparse por eso”.

Berté confirmó que 3251 personas fueron detenidas durante las protestas, de los cuales 58 siguen privados de libertad. Resaltó que se recibieron 242 denuncias sobre violaciones a los derechos humanos y 16 funcionarios están detenidos.

@YenilyAlmeida

Foro Silencio impuesto analizó las protestas de abril 2013 en Barquisimeto


Barquisimetanos contaron su historia en la Ucab

Foro Silencio impuesto analizó las protestas de abril 2013 en Barquisimeto

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (Ovcs)  publicó en enero del año en curso su informe correspondiente a las tendencias del conflicto y las protestas que se dieron en 2013. En él se observa que disminuyeron 20% las protestas con respecto al año 2012, esto motivado a la muerte de Hugo Chávez y a las elecciones que del 14 de abril.

Existe temor. De acuerdo con el informe del Ovcs, el venezolano teme por la represión que se pueda presentar durante la protesta. El ciudadano se cohíbe de expresarse libremente, de pedir reivindicaciones por temor a consecuencias. El año pasado, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) alertó sobre el incremento de la criminalización en la protesta.

Las protestas que se dieron a consecuencia de los resultados electorales de las elecciones del 14 de abril se dispersaron a la fuerza. De acuerdo con las declaraciones de Provea, en el estado Lara los manifestantes recibieron maltratos y torturas, sin embargo, estos hechos siguen sin estar claros.

La Universidad Católica Andrés Bello (Ucab) prestó sus instalaciones en el Centro Cultural para la exposición fotográfica y un foro sobre la criminalización de la protesta en Venezuela y la situación que vivieron los barquisimetanos durante las protestas posteriores a las elecciones presidenciales de abril.

Con la colaboración de Provea, la ONG Espacio Público, el Centro de Derechos Humanos de la Ucab, el Centro de Investigación de la comunicación de la Ucab y los Centros de Estudiantes de Derecho y Comunicación social de la misma casa de estudios realizaron el pasado 22 de enero el foro Silencio impuesto: reflexiones a partir de la experiencia de abril de 2013.

La intención con este foro fue conocer la experiencia que vivieron los barquisimetanos con las protestas pacíficas generadas luego de las elecciones presidenciales de 2013. Los organismos de seguridad del Estado toman actitudes represivas frente a la movilización ciudadana. La libre expresión se prohibió durante esos dos fatídicos días.

Durante los días 15 y 16 de abril estudiantes, ciudadanos, periodistas y reporteros gráficos sufrieron las medidas represivas de los órganos de seguridad. La Guardia Nacional Bolivariana (GNB) arremetió contra los manifestantes. Algunos quedaron con régimen de presentación obligatorio luego de la detención.

Algunos de los protestantes agredidos crearon la Asociación Civil Funpaz con el objetivo de defender los derechos humanos. De acuerdo con cifras de Provea, en la ciudad de Barquisimeto durante los días 15 y 16 de abril el nivel de represión llegó a superar el porcentaje que se generó durante todo el año 2011.

Provea insta a los organismos de seguridad a que revisen concienzudamente los artículos de la Ley Orgánica de Seguridad Nacional porque prohíben el derecho a la huelga. Todo ciudadano debe tener la libertad de expresarse a favor o en contra de situaciones que se presenten en el país. La criminalización de la protesta atenta contra los derechos humanos y la libertad de expresión del ciudadano común.